La situación de la compra de votos y los riesgos asociados a la instrumentalización de testigos electorales en el Chocó es un tema complejo con múltiples dimensiones que se pueden ampliar:

 

Sobre la compra de votos

 

Los reportes indican que esta práctica no es nueva en el departamento y ha sido registrada en diferentes procesos electorales. Además de los montos económicos que van desde 50.000 hasta más de 500.000 pesos por voto, se han documentado ofrecimientos de bienes básicos como alimentos, tanques de agua potable, sistemas de energía solar o electrodomésticos. En algunas ocasiones, estos bienes son presentados como "ayudas sociales" o "donaciones", pero con el trasfondo de condicionarlos a la preferencia electoral de los beneficiarios.

En la campaña de 2022, además de la indagación contra el entonces presidente del Senado Iván Name Vásquez por presuntas promesas de inversiones en Río Quito y Río Iró a cambio de votos, otras investigaciones mencionan la existencia de "redes de captación" lideradas por líderes comunitarios, funcionarios locales o miembros de partidos políticos que se encargan de coordinar la distribución de recursos y la recolección de compromisos electorales.

La Corte Suprema también ha señalado que en el Chocó, la falta de oportunidades económicas y la precariedad en la provisión de servicios públicos hacen que algunas personas sean más vulnerables a estos ofrecimientos, ya que los recursos o bienes prometedos representan una mejora tangible en su calidad de vida a corto plazo.

Además, se han denunciado casos en los que se manipulan listas de beneficiarios de programas sociales gubernamentales o de entidades como la DIAN, utilizando estos registros para dirigir los ofrecimientos de compra de votos a poblaciones específicas.

 

Instrumentalización de testigos electorales

 

Según la ley 1475 de 2011, los testigos electorales tienen atribuciones claras: vigilar todo el proceso desde la apertura de las mesas hasta el cierre del escrutinio, verificar la identidad de los votantes, revisar el estado de las actas y los equipos de votación, formular reclamaciones ante las autoridades electorales cuando detecten irregularidades y firmar los documentos que certifican el desarrollo del proceso. Su rol es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de los resultados.

Aunque no hay reportes oficiales que confirmen de manera concluyente la instrumentalización para generar choques y comprar votos en el Chocó, existen denuncias de parte de observatorios electorales y organizaciones de la sociedad civil sobre situaciones preocupantes. Entre ellas se mencionan: la designación de testigos que no cuentan con la formación adecuada o que tienen vínculos directos con candidatos o partidos políticos que buscan influir en el proceso; la intención de generar disturbios en las mesas para desviar la atención y realizar manipulaciones en los votos o en las actas; y la presión a testigos independientes para que no formulen reclamaciones cuando detectan irregularidades relacionadas con la compra de votos. Las autoridades electorales, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Registraduría Nacional del Estado Civil, han señalado que esta posibilidad representa una grave amenaza para el sistema democrático, ya que los testigos deben actuar con imparcialidad y ser garantes de que el voto sea libre y secreto. Por ello, han implementado programas de capacitación para testigos y mecanismos de denuncia para actuar frente a cualquier irregularidad en su desempeño.

Asimismo, organizaciones como la Comisión de Participación Ciudadana y Control Político del Senado han destacado que en regiones como el Chocó, donde la presencia del Estado es más débil, es más fácil que se produzcan estas prácticas, ya que el control y la fiscalización del proceso electoral son más complejos.