La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 47 bienes, avaluados en varios miles de millones de pesos, que presuntamente pertenecían a una organización dedicada al tráfico ilegal de migrantes desde el Golfo de Urabá hacia Centroamérica.
Entre los activos ocupados se encuentran inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio, vehículos y 24 embarcaciones ubicadas en municipios como Apartadó, Necoclí, Medellín, Unguía y Quibdó.
Según las investigaciones, la estructura habría facilitado el traslado irregular de más de 800.000 migrantes y presuntamente ocultó las ganancias obtenidas mediante empresas y diferentes maniobras financieras.
Con esta acción, la Fiscalía busca afectar la capacidad económica de la presunta organización e impedir que continúe desarrollando esta actividad ilegal.
