Tensión en el municipio de Mutatá: Cabildo Indígena ordena desalojo en resguardo Chontadural Cañero y campesinos responden con bloqueo vial
El Cabildo Mayor Indígena de Mutatá, en representación de los resguardos Jaikerazavi, Chontadural Cañero y Coribí Bedadó, emitió un comunicado público en el que denuncia la grave situación territorial que enfrenta el resguardo Chontadural Cañero, ubicado entre el casco urbano del municipio de Mutatá y el corregimiento de Pavarandó.
Según el pronunciamiento, pese a que este territorio fue titulado colectivamente mediante la Resolución 024 del 24 de mayo de 1996 del entonces INCORA, con una extensión de 9.850 hectáreas, campesinos colonos han ocupado de manera ilegal los predios, explotando recursos naturales y generando hostigamientos, amenazas e incluso homicidios que, aseguran, ponen en riesgo la autonomía indígena.
La Asamblea General de la comunidad indígena determinó que, a partir del día de ayer, 10 de septiembre de 2025, queda prohibido el acceso y permanencia de colonos y terceros en el resguardo. Para ello, la guardia indígena asumió el control territorial y el retiro de personas, advirtiendo que estas medidas se toman en ejercicio de la autonomía y el derecho al gobierno propio.
No obstante, los campesinos que habitan en el área, y que están siendo desalojados por el resguardo han reaccionado con un bloqueo en la vía que comunica a Mutatá con Pavarandó, a la altura de la entrada al sector conocido como el Salto del Tigre. A través de esta acción, hacen un llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales, así como a las instituciones competentes, para que intervengan y ayuden a encontrar una solución concertada.
De acuerdo con los manifestantes, durante los desalojos sus viviendas han sido derribadas y sus pertenencias sacadas a la calle por integrantes de la guardia indígena, situación que denuncian como un atropello a sus derechos y a la dignidad de sus familias.
El Cabildo Mayor, por su parte, exhortó al Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública y la comunidad internacional a garantizar el respeto por la propiedad colectiva, la cultura y la vida de los pueblos indígenas.
La situación permanece en desarrollo y las comunidades esperan la pronta presencia de las instituciones para mediar en un conflicto que mantiene alta tensión en la subregión de Urabá antioqueño.
